En la universal novela de Miguel de Cervantes, Don Quijote sentenció que “la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos” (Capítulo LVIII). El propio Don Quijote es un exponente de la libertad de lectura porque él quiere los libros de caballería que tiene en su biblioteca, oponiéndose a la censura y quema de libros que llevaron a cabo el cura y el barbero. La cita cervantina es un magnífico frontispicio para una reflexión sobre la libertad de expresión, que yo diría que es una de las mayores conquistas democráticas consagradas por los ordenamientos constitucionales, tras históricas aportaciones intelectuales de juristas, filósofos y revolucionarios por la libertad y la democracia.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1.948) consagra que todo individuo tiene derecho “a la libertad de opinión y de expresión”. Este derecho incluye el de “no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y difundirlas”. Asimismo, declara que en el ejercicio de sus derechos y libertades, toda persona estará sujeta a las limitaciones legales con el fin de asegurar el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las exigencias del bienestar general en una sociedad democrática.

La libertad de expresión viene recogida en nuestro actual Carta Magna de 1.978 en su artículo 20, siendo uno de los derechos que dispone de más garantías jurídicas (recurso de amparo, recurso de inconstitucionalidad, aplicabilidad directa, procedimientos sumarios en la jurisdicción, etc) de todo el texto constitucional. Especial importancia tiene esta declaración y protección al producirse en nuestro país tras el más largo y negro período de negación y violación de las libertades que ha sufrido la nación española en su historia.

En el citado precepto constitucional “se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, así como “a la producción y creación literaria, científica y técnica”. También se reconoce y protege el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. En este punto, tengo que expresar que ejerzo libremente mi derecho constitucional a expresar ideas en esta y otras tribunas de opinión, algo que considero tremendamente importante, pues, cada vez más necesario el intercambio de opiniones y propuestas para encontrar soluciones compartidas a problemáticas y retos comunes. Pero, el ejercicio de la libertad de expresión no es ilimitado. La propia Constitución, en el mismo artículo, establece como límite el respeto al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Considero esencial esta delimitación constitucional, pues no es admisible confundir el ejercicio de la libertad de expresión con el insulto o la mentira. Se trata de un derecho tan sensible en sus consecuencias públicas que requiere que lo que se transmita sea respetuoso con los derechos de los demás, y sobre todo, que sea cierto.

Esta premisa deben tenerla muy en cuenta sobre todo quienes ejercen cargos políticos e institucionales que conlleven el acceso fácil a los medios de difusión masiva (prensa, radio y televisión), y que por tanto puedan causar daños irreparables a los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de ciudadanos y profesionales que no están en esa misma condición. El propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1.966) reconoce la libertad de expresión con esa limitación, la de “asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás”.

Finalmente, considero que el ejercicio de la libertad de expresión es un instrumento muy potente que tiene la ciudadanía (artículos en prensa, cartas al director, foros de opinión, etc) para conseguir unas administraciones y unos servicios públicos más eficaces, en la medida que es un medio para opinar públicamente sobre deficiencias y/o carencias que se puedan detectar, y lo que es más importante aún, para que el ciudadano/a pueda formular propuestas de mejora de los mismos.

En definitiva, con el ejercicio respetuoso de la libertad de expresión podemos conseguir más y mejor democracia, más y mejores servicios de interés general. Los ciudadanos tenemos la palabra, ahor más que nunca.

Ángel B. Gómez Puerto Doctorado en Derecho Público por la Universidad de Córdoba.