Ana Delicado Palacios/laRepública.es
El presidente del banco Santander, EmilioBotín, respira ya tranquilo después de que la Audiencia Nacional haya decidido cerrar el caso que investigaba las cesiones de crédito de nuda propiedad, un producto financiero trazado por el banco. Termina así el proceso judicial que comenzó hace catorce años y por el que llegaron a declarar entre los acusados el presidente, Emilio Botín, tres ex directivos del Santander y 21 antiguos clientes que compraron el producto. La Audiencia Nacional considera que no existen perjudicados al no presentarse en el juicio oral el Ministerio Fiscal y el principal agraviado, el abogado del Estado, que representaba a la Agencia Tributaria (la mayor perjudicada en caso de delito fiscal).
En este proceso, abierto en 1992 por delito y falsedad documental contra la Hacienda Pública, los magistrados han acordado por unanimidad el sobreseimiento libre de las actuaciones, tal y como pidió el fiscal Vicente González Mota y la abogacía del Estado. Desde 1998 el Ministerio Fiscal, junto con la Abogacía del Estado, ya lo había pedido en 14 ocasiones. El sobreseimiento libre del caso significa que el delito, si lo hubiere, queda como "cosa juzgada", aunque el exculpamiento de Botín y de sus directivos podría no aplicarse a los 21 clientes que al parecer no regularizaron a tiempo su situación con el fisco.
La Sala de Lo Penal advirtió además que el juicio oral no puede abrirse solo a instancias la acusación popular si no se presenta el ofendido por el delito, porque esto “equivaldría a permitir que cualquier ciudadano” presentara querellas sin que fuera directamente perjudicado.
Joan Herrera, diputado de ICV (Iniciativa per Catalunya Verds), ha calificado la decisión judicial como “grave y vacía de contenido”, y ha acusado al Estado y a la Fiscalía de no defender los intereses del erario público. El diputado de ICV añadió que las cesiones de crédito de nuda propiedad son un “caso de fraude generalizado”, refiriéndose al supuesto delito fiscal reveladas por las investigaciones de Hacienda en más de 47.000 operaciones por un importe superior de 2.596 millones de euros (más de 432.000 millones de pesetas).
ICV pedía 116 años de prisión para Botín y los ex ejecutivos Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel por involucrarse en el producto financiero el Banco Santander y por cometer delito continuado de falsedad documental y falseadad mercantil. La Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC), que ya había denunciado hace un mes la "inactividad" del Ministerio Fiscal en lo que consideró el "mayor fraude de la historia", solicitaba 180 años de cárcel.
Las cesiones de crédito eran un tipo de inversión por la que el banco traspasaba a una tercera persona el riesgo de un crédito contraído con una empresa, sin que se practicaran, en la mayoría de los casos, retenciones a los rendimientos. Esta modalidad de contrato fue comercializado por el banco Santander entre los años 1987 y 1991 y evitaba el pago de las retenciones a Hacienda, que suponían entre el 20 y el 25 por ciento de los rendimientos.
La mayor parte de los clientes regularizó sus deudas con Hacienda en 1996, pero las acusaciones particulares de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y el ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, insistían en que hubo delito fiscal por parte de 21 imputados que hicieron uso de los créditos a título personal o como administradores de sociedades. La defensa del banco siempre sostuvo que las cesiones no eran ilegales por entonces y que los clientes normalizaron su situación con Hacienda.
Aunque el proceso judicial ha terminado por el momento, ya se ha anunciado un recurso de casación ante Tribunal Supremo que emprenderá ADIC, asociaciación que la defensa de Botín liga a Rafael Pérez Escolar, condenado por el caso Banesto.
