Editorial de la revista "Atlántica XXII" reproducido por La República

La primavera que dejamos fue fría, desangelada y terminó despidiéndose con un gran temporal que provocó daños e inundaciones. No dejó a su paso los deseados brotes verdes para la vida económica y política, sino más bien una sensación poco agradable de déjà vu, un renacer de viejos fantasmas, un volver a empezar. Las sonrisas de los portavoces de Falange Española (¡todavía ella!) y la euforia de los dirigentes del Partido Popular ante el linchamiento del juez Garzón, además de una nueva humillación para los familiares de las víctimas del franquismo, vinieron a desvelar los malolientes sumideros éticos y estéticos del actual sistema político y algunas de sus mayores debilidades. Si en el pasado más reciente fue la jerarquía eclesiástica la fuerza de choque contra los titubeantes proyectos de regeneración democrática y modernización social promovidos por el Gobierno Zapatero, es ahora el sector hegemónico del aparato judicial el que toma el relevo para dejar claro que los viejos Principios Fundamentales no se juraron en vano.

Es justo reconocer que el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero trajo aire fresco después del ominoso periodo de Aznar. La retirada de las tropas de Irak, el reconocimiento del matrimonio gay, un control aún evidente pero menos grosero en los medios públicos, la actitud dialogante hacia los sindicatos obreros o la Ley de Dependencia, entre otras medidas, sin duda generaron expectativas y proyectaron una imagen de modernidad de la sociedad española, atractiva incluso para otros países vecinos tradicionalmente más avanzados que el nuestro. Mientras tanto, el Gobierno socialista desplegaba una política económica neoliberal que habría de resultar suicida. Al engordar una burbuja inmobiliaria que, al fin y al cabo, contribuía decisivamente a sanear las finanzas públicas, dio alas a las prácticas especulativas de los grandes bancos. Se permitió incluso regalos fiscales muy bien recibidos por una opinión pública a la que nunca se ha sabido educar en la necesidad de una fiscalidad fuerte y progresiva.

En las elecciones generales de 2008 dieron al PSOE una mayoría relativa, lo que además de demostrar que la derecha conservaba intactas sus fuerzas, abría paso a la formación de un gobierno minoritario y, por lo tanto, débil. A partir de ahí los errores de Zapatero se suceden. La propia formación de un gobierno plagado de ministerios florero nada bueno presagiaba; y la patética negativa de la evidencia ante la crisis económica, seguida de una política vacilante, aderezada con mensajes contradictorios –donde dije digo, digo Diego-, condujeron al Gobierno y, sobre todo, a su presidente a unos niveles de desprestigio y de pérdida de confianza probablemente irreversibles.

El rasgo que mejor define al actual Gobierno socialdemócrata es la debilidad. Debilidad ante la Iglesia católica, frente a cuya jerarquía la vicepresidenta De la Vega ha propiciado una política de apaciguamiento digna de lord Chamberlain; debilidad frente a un aparato judicial neofranquista; debilidad frente a las grandes entidades financieras, los auténticos intocables de nuestros días; y debilidad, en fin, frente a los líderes de la derecha europea, Merkel y Sarkozy, que han obligado a Zapatero a renunciar, en tan sólo un fin de semana, a una política social que constituía su principal seña de identidad.

Cierto es que el Gobierno español tiene la obligación ineludible de hacer frente al déficit público que su propia imprevisión contribuyó a alimentar, lo que sin duda ha de implicar sacrificios para una sociedad que durante los años de vacas gordas participó de la alegría de vivir por encima de sus posibilidades. Pero resulta imposible de entender que la vía a seguir por un gobierno de izquierdas sea únicamente la de la reducción del gasto, tal y como exige la derecha neoliberal hegemónica en la Unión Europea, y no, sobre todo, la del aumento de los ingresos mediante una lucha eficaz contra el fraude fiscal y una presión fiscal progresiva que haga pagar más a los que más tienen. Y ello en uno de los países de la Unión Europea con menor gasto social.

Malos tiempos, pues, parecen avecinarse bajo la triple amenaza de una crisis económica que muy bien puede agravarse a pesar de las políticas de ajuste, un Gobierno que es la imagen misma del boxeador grogui capaz tan sólo de dar golpes al aire y una derecha trabucaire que ha convertido el todo vale en su principal guía de actuación y la corrupción económica en su rasgo más distintivo.

Y por si fuera poco el Gobierno ha perdido la confianza de los sindicatos, hasta ahora unos verdaderos aliados, que han convocado una huelga general para el próximo 29 de septiembre en respuesta a las últimas medidas y reformas contra los trabajadores, como si fueran los culpables de una crisis provocada por el poder financiero internacional y la banca.

Nada ejemplifica mejor el despropósito generalizado que la situación de un Tribunal Constitucional cuya legitimidad moral adelgaza día a día. El recurso del Partido Popular contra el Estatut, con la expresa intención de que sus delegados en ese alto organismo le otorgasen unos resultados que las vías parlamentaria y plebiscitaria le habían negado, constituye una rotunda muestra de irresponsabilidad que puede conducir a una crisis política de consecuencias impredecibles. Una sentencia que eliminase aspectos básicos del Estatut echaría por tierra el complicado encaje de bolillos realizado en 1978 y podría precipitar la desafección de una Cataluña que nunca se encontró del todo cómoda en el actual Estado de las Autonomías.

El ministro Gabilondo, cuya seriedad destaca por original y casi exclusiva en el marco del Gobierno del que forma parte, fracasó en su intento de alcanzar un pacto educativo ante la intransigencia de un Partido Popular entregado sin fisuras a la política de tierra quemada. Y, sin embargo, no parece haber otro camino que el de un nuevo pacto refundador sobre la base de una reforma de la Constitución que abra paso al federalismo, al establecimiento de un estado laico con una clara y efectiva separación entre la Iglesia y el Estado, a la supresión de una ley electoral injusta y antidemocrática que manipula la real pluralidad de la sociedad española, a la reforma de la justicia para darle un carácter verdaderamente independiente y a la lucha implacable contra la lacra de la corrupción.