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Ni los derechos fundamentales recogidos en la Constitución –aquellos que gozan de máxima protección- están a salvo de las zarpas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. La lideresa amenaza ahora con restringir la justicia gratuita, un extremo garantizado en el artículo 24.2 de la Carta Magna y en la Ley de Enjuiciamiento criminal. En un acto que la oposición ha tachado de “seudoxénofobo”, Aguirre aseguró que el actual sistema supone un “abuso” y que ella no seguirá pagando abogados gratuitos para extranjeros y detenidos. La presidenta también cargó contra los abogados, a los que acusó de alimentar infinitamente los procedimientos judiciales. “La Comunidad no va a seguir alimentando un fraude y esta desnaturalización de la justicia gratuita”, espetó.

La presidenta hizo tamaño anuncio en el acto de presentación de los nuevos juzgados de Madrid. Le dio igual ese principio que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a un abogado de oficio, independientemente de su condición económica: la lideresa tachó de abuso este derecho constitucional y se quejó de tener que pagarlo.

El hijo de Bin Laden

“No podemos seguir sufragando estos 50 millones de euros cuando no estaba previsto en las transferencias. La Comunidad no va a seguir un año más alimentando un fraude y esta desnaturalización de la justicia gratuita”, espetó. Aguirre repitió un argumento demagógico que toma la parte por el todo, y volvió a quejarse de que en su día tuvo que pagar un recurso jurídico al hijo de Osama Bin Laden, Omar Bin Laden, quien solicitó asilo en Barajas. El flujo de recursos provenientes de este aeropuerto es uno de los objetivos a recortar por el Ejecutivo regional.

Granados matiza

Además, Aguirre anunció que acudirá a la Comisión Mixta de Transferencias para que se recorte el servicio jurídico, algo que, en su opinión, no estaba previsto en las competencias transferidas a las comunidades. Después de que la presidenta incendiara el ambiente con estas declaraciones, su consejero de Justicia, Francisco Granados, tuvo que salir a matizarle. “Lo que ha querido decir es que este abuso se va a acabar”, explicó, apoyándose en el recorte a tres frentes, recoge El País. Reducción al absurdo

En primer lugar, sólo se defenderá a los extranjeros que acrediten carencia de medios. En segundo lugar, se acotará la capacidad “permanente” de recurrir de los letrados. En tercer plano, se atajará la cobertura en los Juzgados de lo Social y en los juicios rápidos, procedimientos que cuentan con asistencia gratuita que, para Granados, no está justificada. “Si despiden a un inmigrante que cobra 800 euros no le cobraremos el abogado. Pero si despiden a un señor que gana 2.000 euros al mes sí evitaremos pagarle el abogado”. “Con estas medidas estamos seguros e que la factura se reducirá al 50%”, zanjó. Su departamento tiene casi listo el decreto que perpetrará este nuevo esperpento.

“Discurso seudoxenófobo”

Asociaciones de inmigrantes, colegios de abogados y oposición se han llevado, evidentemente, las manos a la cabeza ante esta caricaturización burda de un principio básico. Según las fuentes jurídicas consultadas por el diario citado, el anuncio roza la anticonstitucionalidad. “Los ciudadanos tienen derecho a un abogado y no se les puede negar”, destacó el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández Gil. También para el portavoz socialista de Justicia en la Asamblea, Javier Gómez, “lo que está proponiendo Aguirre es de dudosa constitucionalidad y es un discurso seudoxénofobo”. Este partido ya había advertido de que la justicia gratuita estaba en la mira del Ejecutivo regional el pasado verano.