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La Red de Municipios por la Tercera República, a través de su Coordinador Antonio Romero, y tras la aprobación por parte del Congreso de los Presupuestos Generales del Estado, ha criticado que continúen sin transparencia dos partidas concretas:la partida destinada a los fondos reservados: 25,2 millones de euros (el grueso en manos del CNI), y la asignación de la Casa Real: 8,9 millones de euros, que se gestionan de forma más secreta aún que los fondos reservados.
"En el Congreso de los Diputados hay una comisión que controla el dinero y los asuntos de caracter reservados. En esta comisión están representados diputados de todos los grupos parlamentarios. Del dinero de la Casa Real no se sabe nada, no lo controla ningún poder del Estado. Estamos por tanto ante la única partida totalmente opaca de los Presupuestos Generales del Estado", señala Antonio Romero, quien considera que "este blindaje que hacen el PSOE y el PP, convierte a la Casa Real española en un auténtico paraíso fiscal, y vulnera la constitución española".
"Es verdad que nuestra Carta Magna dice que el rey dispondrá libremente de la partida habilitada por las cortes generales anualmente para el sostenimiento de la Casa Real: pues bien; que el rey disponga libremente y después comunique al parlamento y a la sociedad española lo que ha dispuesto", continúa Romero, quien recuerda que "tras monarquías de la UE rinden cuentas ante sus parlamentos del uso que hacen del dinero público y del patrimonio de sus miembros".
"En España, las reiteradas peticiones de IU, ERC y de otros colectivos, se estrellan contra el muro levantado entorno a Juan Carlos de Borbón y su familia", se lamenta el líder republicano, quien en nombre de la Red de Municipios y Cargos Públicos por la Tercera República formula las siguientes preguntas:
1.- ¿Piensa el gobierno durante su etapa de presidencia de la Unión Europea elaborar un informe sobre los niveles de transparencia en la gestión del dinero público de las monarquías europeas?
2.- ¿Contempla el gobierno recabar del Tribunal Constitucional y del Consejo de Estado informes sobre la legalidad y constitucionalidad de la actual opacidad que rodea al dinero público que maneja el rey?
3.- ¿Considera el gobierno acorde con la igualdad de todos/as los ciudadanos/as que proclama la Constitución, el tratamiento de privilegios que mantiene la casa real española?
4.- ¿Puede acreditar el gobierno que el rey y la reina y sus familiares directos hacen la declaración de la renta como el resto del país?
5.- ¿Está el gobierno en condiciones de garantizar que ningún miembro de la casa real posee fondos o patrimonios domiciliados en paraisos fiscales?
6.- ¿Conoce el gobierno el patrimonio que posee el rey y sus familiares directos?
7.- ¿Conoce el gobierno si la Casa Real española recibe regalos o comisiones económicas de empresas españolas o extranjeras así como de gobiernos de otros países?
8.- ¿Cómo hace hacienda la entrega de la partida presupuestaria de la casa real (los 8,9 millones de euros)? ¿en una sola vez? ¿en varias entregas?
9.- ¿Conoce el gobierno que bancos españoles o extranjeros son los que utiliza la Casa Real para depositar los fondos públicos y qué interés producen?
10.- ¿Qué razones políticas y jurídicas tienen el gobierno y el PP para rechazar sistemáticamente el más mínimo control y transparencia del uso del dinero público destinado a la Casa Real?
