Ricardo RODRIGUEZ

La ilustrada Europa, la moderna Europa, la Europa civilizada y liberal, la sofisticada, la muy democrática Europa arde por los cuatro costados. Sus portavoces, es decir, los ministros de finanzas, los hombres de Estado, y los banqueros, desde luego, los banqueros rugen de ira. ¡Habrase visto semejante atrevimiento, mayor crimen! Uno de los gobernantes de la ilustrada Europa, el más obediente hasta el momento a los dictados de los financieros, el primer ministro griego, se ha atrevido nada menos que a anunciar que va a preguntar a sus conciudadanos qué les parece más conveniente que se haga.

¿Y qué le importa a la moderna Europa lo que los ciudadanos piensen habiendo dueños de bancos que nos lo dicten? ¿Acaso pueden ahora enmendar la plana los esclavos a los amos?

En nuestra Europa civilizada y liberal se ha impuesto una explicación netamente racista de la crisis. Están los griegos y estamos los latinos, perezosos, incapaces, irresponsables y festivos, que nos hemos dedicado a holgazanear durante años y a derrochar, mientras los previsores y disciplinados germanos acumulaban ordenada y tenazmente su riqueza con el fin de soportar los vaivenes de la tormenta. Y ahora ellos, los buenos y ordenados germanos, tienen que sacarnos del lodazal en el que nos sumimos por nuestra mala cabeza. Es esta explicación pueril la que uno lee un día tras otro, repetida hasta la náusea en los periódicos serios, suscrita por analistas más serios aún; un dogma adornado con monsergas morales como que hay que pagar lo que se debe o que vivimos por encima de nuestras posibilidades o que no hicimos nuestros deberes, como si todo se redujera al reproche de un repelente empollón.

La verdad –como bien saben los que mienten- no tiene ningún parecido con esa fábula del europeo gandul y el europeo hacendoso. Es cierto que las élites políticas y económicas de Grecia, Portugal, España o Italia se lucraron engordando una maquinaria especulativa e insostenible, fundada en el crédito y colmada de humo. Pero no lo es menos que el reverso de esa moneda es el acuerdo de la oligarquía germana de obtener su rendimiento convirtiéndose en el banquero de Europa. La especulación y la consiguiente ruina de las economías periféricas han sido la condición indispensable del beneficio de las finanzas alemanas, y un paso imprescindible para convertir a estos países en protectorados condenados al subdesarrollo.

El acuerdo cerrado en Bruselas la semana pasada era el acto final de una tragedia cuya víctima se encarnaba en el pueblo griego, que durante décadas tuvo sueldos más bajos que el pueblo alemán, peores servicios sociales y un sector público más raquítico, pero que ahora es humillado bajo la acusación miserable e increíble de haber nadado en la abundancia. Se sabía que Grecia no podía pagar; se trataba simplemente de ordenar su muerte, llevándose los últimos trozos de carne, las últimas gotas de sangre. Eso, y no una muestra de «generosidad», como hipócritamente se quiso hacer creer al público, es lo que representaba la quita del 50% en la deuda helena. Al fin y a la postre, a la ciudadanía griega tal generosidad le supondrá mayor sufrimiento, más paro y más miseria.

Pero resulta que uno de los bufones se sale del guión, y anuncia que preguntará a sus compatriotas. ¿Quién sabe por qué un personaje tan mezquino, tan abyecto y servil como Papandreu puede haber tenido semejante ocurrencia? Sin duda, no le ha sobrevenido un pronto de honradez. Puede que trate de salvar una mínima ventaja frente a la oposición conservadora, o en su propio partido. Tal vez alguien le haya advertido que podría acabar sus días como Benito Mussolini si continúa sometiendo a su pueblo a padecimientos insoportables. Tal vez alguien en el ejército haya dado algún aviso a navegantes. O el vértigo, porque sentirá, claro, el vértigo, el pavor del precipicio.

El hecho es que anuncia que preguntará a la gente. Y la muy democrática Europa estalla. El mundo se desmorona porque un gobernante decide preguntar a sus conciudadanos. ¿Hace falta alguna prueba más de que la esclavitud es un requisito vital para el sostenimiento de este infame sistema? La opinión de los ciudadanos se ha convertido en un peligro; los grandes medios de comunicación llevan horas pregonándolo sin el menor sonrojo: no se puede preguntar a los griegos porque no responderán lo correcto, porque su decisión democrática es incompatible con las necesidades de las bolsas… Las bolsas mandan; hay que entregarle cuantas presas reclamen: el hambre, la desesperación, la falta de futuro… y el silencio… y la obediencia ciega… ¡A callar! ¡La esperanzadora Europa…!

El emplazamiento realizado por los burócratas de Bruselas al gobierno y al parlamento griegos para que, antes de que finalice el mes, acometa una nueva tanda de ataques contra su propio pueblo debe calificarse, sin circunloquios, como un caso de terrorismo y un crimen contra la humanidad por el que, algún día, tanto los burócratas de Bruselas como los del FMI tendrán que ser juzgados, condenados y encarcelados.

Ya no existe coartada ni argucia argumental tras la que escudarse. Se sabe de sobra que con la venta final de los restos del Estado griego, la supresión de los derechos sociales más básicos y la liquidación de los servicios públicos en los que se sostiene la prosperidad de cualquier país –en especial, la sanidad y la educación- se envía directamente a la sociedad griega a la Edad Media y se condena a su población a décadas menesterosas de subsistencia en la semiesclavitud.

Es justamente eso lo que se quiere, y el objetivo real de aniquilación de la nación griega ya apenas se disimula. No se pretende que Grecia se recupere. Nadie ignora, y menos que nadie los canallas que gestionan los asuntos económicos de la Unión Europea, que la destrucción de las herramientas estatales que garantizan la pervivencia autónoma de cualquier sociedad moderna y la depresión de los salarios y las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos harán desplomarse definitivamente el mercado interior y, con él, cualquier posibilidad de recuperación.

Lo que se busca es que Grecia pague, sin más. El pueblo griego va a ser exprimido hasta que no le reste ni una gota de sangre. Cuando quede del todo exhausto, los banqueros alemanes que se habrán embolsado en forma de beneficios económicos el fruto del sacrificio de millones de seres humanos obligarán a sus patéticos criados en el gobierno germano y en la Unión Europea a que destierren a Grecia, la cuna de Europa, fuera de la civilización a la que la propia Grecia dio nacimiento.

El comportamiento de los dirigentes políticos y los funcionarios de la Unión Europea es el propio de delincuentes asociados a tramas mafiosas de malhechores. No solamente no han impulsado investigación alguna acerca de las causas de la crisis económica y de sus responsables, sino que han encubierto, primero, a los financieros y especuladores que provocaron la ruina del continente y, en segundo lugar, han conspirado junto a ellos para apropiarse ilícitamente de la riqueza pública de todos los países europeos. Ésta es la descripción exacta de lo que ha sucedido. No es que los dirigentes de la Unión Europea sean tan idiotas que ignoren cuáles son los resortes por los que cualquier comunidad puede salir de la pobreza –esos mismos resortes que se están arrebatando a Grecia, pero también a España, a Portugal, a Irlanda, e incluso a Alemania y Francia, dado que son sus burguesías financieras y no los pueblos de estos dos últimos países los que se benefician del expolio-.

Nadie que no sea un imbécil químicamente puro desconoce que son los maestros, los médicos, los carpinteros, los albañiles, los oficinistas, los transportistas y todas aquellas personas en suma que contribuyen con su trabajo a la creación de la riqueza común los que sostienen un país. No es preciso empozarse en muy enrevesadas teorías económicas para entenderlo. Es en el trabajo en el que se basa la riqueza de todas las naciones, según declaró por cierto Adam Smith bastante antes de que Marx escribiera El Capital. Si no hay educación pública ni sanidad, si no existe trabajo ni los trabajadores disponen de recursos mínimos para vivir con dignidad, ninguna comunidad puede prosperar. Los especuladores siempre han sido parásitos sociales a los que la gente decente despreciaba; en tiempos de crisis, el castigo con el que la sociedad se protegía de ellos solía ser la prisión, y a menudo la muerte.

Hoy en día, sin embargo, el orden económico internacional está gobernado por una vulgar pandilla de criminales. Ha quedado lejos ya la época en la que la gran burguesía, sin perjuicio de su condición de clase dominante y explotadora, albergaba aspiraciones civilizatorias, era creativa e ilustrada. La oligarquía financiera actual es un lastre para el conjunto de la humanidad; para nuestra salvación no bastan tibias medidas de control de su voracidad; es imprescindible hacerla desaparecer. La creación de una amplia banca pública, en nuestro país y en otros, es un paso necesario; pero la reivindicación completa que hemos de enarbolar es la de la prohibición de la banca privada, la nacionalización íntegra de la banca. Y, del mismo modo, han de ser arrebatados de la propiedad privada todos los recursos esenciales para la subsistencia colectiva.

El camino hacia el socialismo ya no encarna una simple opción ideológica; se ha convertido en la única alternativa a un poder genocida.

Así pues, las dos jornadas de huelga general de la próxima semana, en las que sin duda el pueblo griego dará nuevas muestras de asombroso heroísmo, se transforman en una batalla dentro de la lucha por la civilización, podríamos decir que incluso por la supervivencia de la especie.

Es vital que no les abandonemos. Hay que denunciar la repugnante campaña propagandística que quiere hacer creer a los trabajadores del resto de países europeos que la conservación de su bienestar depende de que los trabajadores griegos pierdan el suyo, su futuro y su dignidad. Por el contrario, la derrota de nuestros camaradas griegos supone un paso más en la nuestra. “Todo para nosotros, nada para los demás”, ésa es la máxima vil por la que, decía Adam Smith, los poderosos de todas las épocas se han conducido. Para hacerla efectiva, los poderosos del presente han determinado dejar de lado no solamente cualquier escrúpulo, sino también los rastros de legitimidad democrática con los que en el pasado retenían algunos de sus más feroces zarpazos.

Se han transformado en vulgares delincuentes incluso si se les juzga bajo los principios del Estado liberal clásico. Como tales hay que empezar a señalarlos, y a las muchas y razonables reivindicaciones que recorren las plazas y las calles de centenares de ciudades se habrá de añadir la de hacer justicia en el sentido más profundo y radical de la palabra. Esto ya ni siquiera es un sistema injusto; es una conspiración criminal, la más terrible, la más cruel, la peor de la historia. Se llama capitalismo.

Trabajo en una administración de la Agencia Tributaria desde hace casi 20 años.

La realidad que me vengo encontrando de un tiempo a esta parte de manera cotidiana al cumplir mi tarea -como imagino que le sucede a otros muchos empleados de oficinas públicas con competencias similares a la mía- es la de jóvenes que ganan menos de 600 euros al mes y hacen jornadas de más de 12 horas diarias en centros comerciales; comisionistas de grandes compañías de energía cogidos a prueba durante un mes o dos a los que la empresa no paga ni los contratos que cierran porque no alcanzan un mínimo (es decir, que trabajan gratis, como en los buenos tiempos de la esclavitud); camareros sin relación laboral ni derecho social que valga obligados a darse de alta como “profesionales de hostelería” en vulneración salvaje del Estatuto de los Trabajadores; administrativos de empresas de transporte también sin contrato laboral y forzados a darse de alta como autónomos (se les llama “coordinadores de logística”, expresión muy fina que esconde falta de derechos y, por supuesto, despido gratuito).

Estos y otros abusos son los que dominan la realidad laboral del país. ¿De qué demonios sienten “pánico” entonces los empresarios al contratar, según aseguran el presidente de la patronal y el gobernador del Banco de España? ¿Qué pretenden? ¿Qué se restituya la esclavitud ya de forma abierta y se pueda azotar a los trabajadores desobedientes, pagándoles estrictamente la comida que consuman?

¿O es que empiezan a sentir “pánico” por si los trabajadores acaban hartándose de verdad y deciden que ha llegado el momento de que todo reviente, antes que dejarse matar de hambre?

Pues igual por esto sí que deberían preocuparse, porque todo el mundo tiene un límite, incluidos los esclavos.

Carta remitida a diferentes periódicos para su publicación.

Si no me falla la memoria, fue en la segunda mitad de los años ochenta cuando leí por primera vez la hoy manida expresión corrección política, usada entonces para aludir a cierta corriente social en boga en Estados Unidos y que se extendía por Europa que se dedicaba a perseguir con saña inquisitorial el empleo de un lenguaje ofensivo, o más bien que los inquisidores tomaban por tal, para grupos étnicos, culturales, naciones y animales en peligro de extinción, entre otros.

Denunciaban muchos, con razón, la hipocresía que entrañaba la suplantación de la realidad por la más grotesca de las censuras en la elección de las palabras. Como si decir «afroamericano» o «persona de color» en lugar de «negro» conjurase sin más el racismo, o como si un pobre lo fuese menos por llamarlo «ciudadano de escasos recursos», o sustituir el término de «minusválido» por el de «discapacitado» pudiera mejorar en algo la vida de los tetrapléjicos. Aparte, naturalmente, de la coartada que suponía para los racistas y los misóginos y los reaccionarios de toda laya la posibilidad de velar sus más arraigados prejuicios tras una forma de hablar tan cándida como ortopédica.

El fenómeno no era nuevo, por supuesto; la hipocresía social viene ahogando la libertad de las comunidades humanas desde tiempo inmemorial. Siempre hubo convencionalismos más o menos estúpidos, eufemismos y tabúes. Las singularidades, si acaso, de los nuevos disfraces se reducían a su conversión en ideología con entidad propia y a su generalización como tendencia, amén de su anidamiento en círculos sedicentemente progresistas.

Lo cierto, sin embargo, es que nadie o casi nadie quiso nunca considerarse a sí mismo políticamente correcto. Serlo se tomó muy pronto por síntoma de fatuidad y, por el contrario, presumir de ser políticamente incorrecto resultaba y resulta más elegante, prueba de mentalidad audaz y no atada por los aires de moda. Con lo que en las últimas décadas ha aumentado hasta el hartazgo el ejército de los que ladran las ideas más trilladas vanagloriándose de originalidad. Pasar por ser minoritario siempre ha vestido bien, sobre todo si se evitan los riesgos de serlo de verdad.

Con el rodar de los años se fueron aficionando a esta nueva argucia los más recalcitrantes arcaístas. Se trataba ciertamente de un hallazgo precioso que permitía hacer pasar vómitos medievales por valientes ocurrencias. A enorme velocidad fueron llenándose los medios conservadores de los usos de expresión propios de los cafres, pero presentados ahora no como el lastre de mentalidades repletas de telarañas, que es lo que en el fondo siguen siendo, sino como la rebelión de espíritus libres contra la odiosa «dictadura de lo políticamente correcto». Se fue perdiendo el pudor a volver a tachar de «maricones» a los homosexuales, llamar «vagos» a la totalidad de los trabajadores si se terciaba, hablar de «moros» y «rojos», o de «marimachos» si se referían, claro, a las feministas. Es decir, exactamente la misma baba repugnante que le chorreaba en sus arengas radiofónicas a Queipo de Llano durante la Guerra Civil, pero baba posmoderna, que se disimula mejor aunque le ponga a uno igual de perdida la entrepierna.

En la actualidad, habiendo logrado la extrema derecha un dominio abrumador de la prensa del país, se han rebasado cotas de inusitada ferocidad. En el recuerdo reciente de los lectores estarán con seguridad las joyas más sonadas, así como sus más cerriles autores, de manera que no voy a atormentar el estómago de nadie con una innecesaria lista de citas.

Pero sí llamaré la atención sobre la expansión del concepto de lo políticamente correcto más allá de los usos lingüísticos, que eran su original territorio, con la finalidad de servir de coartada a la promoción de un refrito ideológico próximo al fascismo y ciertamente indigesto.

Hace escasos días, el dirigente de la patronal Joan Rosell afirmaba que, de encargarse ellos del gobierno –es decir, los grandes empresarios que se reúnen con el presidente Zapatero para ordenarle lo que hay que hacer-, adoptarían decisiones necesarias para salir de la crisis pero «políticamente incorrectas». Más allá de la tomadura de pelo de intentar hacernos creer que no son ellos los que mandan sino los monigotes mercenarios que cuidan de sus intereses corporativos al frente de las instituciones, cuesta poco imaginarse qué tipo de decisiones serían y en qué consistiría su incorrección. El propio Rosell las ha mencionado en más de una ocasión: despedir a los funcionarios que se le antojen molestos (imagínense qué placer poder echar a la calle a los inspectores de Hacienda que se empeñen demasiado en perseguir el fraude fiscal de las empresas del propio presidente de la CEOE o de las de sus amigos), hacer desaparecer los servicios públicos, reducir al borde de la pobreza los salarios y obligar a trabajar más de catorce horas diarias. El señor Rosell tiene fama de hombre moderado y lo suele decir de otra manera, pero se trata de esto, más o menos, que es a lo que se vienen aproximando todos los gobiernos europeos, aunque no al ritmo pavoroso al que Joan Rosell y otros partidarios moderados de la esclavitud quisieran que fuesen hechas las cosas.

La trampa estriba en hacer creer que una tupida resistencia de prejuicios impide el desenvolvimiento de iniciativas valientes y radicales. La utilización propagandística de esta estrategia en la justificación del acuerdo de recorte de las pensiones ha sido muy significativa: la casi totalidad de los partidos políticos del Parlamento, todos los grandes medios de comunicación, las direcciones sindicales y muy poderosos grupos financieros promovieron el retraso de la edad de jubilación, así como el aumento del periodo de cálculo y de los años a cotizar para cobrar el 100 % de la pensión, y ello en un debate público en el que las opiniones discrepantes fueron lisa y llanamente borradas del mapa o, en el mejor de los casos, arrinconadas en plataformas alternativas de escasa audiencia, a pesar de que ciertas encuestas demostraron que representaban la opinión mayoritaria de la sociedad. Y, sin embargo, se invocaba la «valentía» para exigir que la reforma fuese lo más lejos posible en su tijeretazo a las pensiones. Extraña valentía ésta que consiste en obedecer siempre los designios de los más poderosos; singular audacia la que se confunde con la sumisión.

Similar inversión de la realidad se viene verificando en otros muchos campos de discusión política, según una muy bien articulada campaña de desmoronamiento de los pilares en los que se basa el contrato social de nuestra democracia, al menos en teoría. En un país en el que se financia generosamente con dinero público a la Iglesia católica año tras año, las autoridades civiles acuden en calidad de tales a las procesiones, continúan los crucifijos colgados en centenares de edificios públicos y el Estado gasta una fortuna en el viaje del papa, un día tras otro tenemos que soportar las jeremiadas de quienes protestan por una imaginaria persecución de los católicos, mientras periódicos de gran tirada publican en páginas destacadas especulaciones acerca de los milagros de Juan Pablo II dignas de ser pronunciadas en un auto sacramental del siglo XVI. Cada artículo, alocución televisiva o radiofónica de elogio a las aventuras imperiales de Estados Unidos en Oriente Medio o América Latina, va precedida de la colérica queja contra el patológico antiamericanismo que nos invade, a pesar de que en ningún medio de comunicación importante sea posible colar la menor crítica en profundidad de la política exterior de Washington. Hasta los banqueros y los grandes financieros se sienten repentinamente cercados y acogotados y exhiben, como hizo ante los accionistas de su entidad Emilio Botín, su alma dolorida por la persistente acusación de ser los responsables de la crisis con la que por lo visto se les hiere sin razón.

La representación del mundo que resulta movería a risa si no fuese por la constatación estremecedora de que está cuajando como auténtica en buena parte de la ciudadanía, que queda inerme ante una de las más espectaculares manipulaciones de la historia: quienes dominan militarmente el planeta, las mayores empresas y los más poderosos financieros disponen de una red multitudinaria de propagandistas a sueldo que los convierten en víctimas de una especie de rampante progresismo, omnipotente e irrefrenable. Como en aquel chiste del millón de chinos alrededor de los cuales corría otro chino y que lloraban porque decían estar rodeados.

La reacción de la inmensa mayoría de gobernantes del mundo, periódicos, televisiones, emisoras de radio y comentaristas ante el asesinato extrajudicial de Bin Laden, pisoteando cualesquiera principios elementales de justicia, una reacción que en ciertos supuestos ha alcanzado el sadismo, es el último capítulo de una escalada de glorificación de la violencia y de la ley del Talión que hubiese dejado sin aliento a los juristas de la Roma clásica.

Si desea uno encontrar artículos que defiendan la separación de la Iglesia y el Estado, el mandato constitucional de progresividad e igualdad del sistema tributario, la presunción de inocencia en la aplicación del derecho penal, o la prohibición por el derecho de gentes de la tortura, del expolio de naciones y de las matanzas indiscriminadas, habrá de buscarlos en páginas de internet y revistas minoritarias, representativas de tendencias políticas que, en las clasificaciones al uso, son tomadas por extremistas de izquierdas.

Es decir que la salvaguarda de los fundamentos de la moderna democracia liberal, aquellos que fueron propugnados en su día por Voltaire, Cesare de Beccaria, Hobbes, Montesquieu o incluso Adam Smith, ha quedado relegada a espacios minoritarios y ridiculizada como mero capricho de progres trasnochados. Se trata de más de doscientos años de historia, de cuyo legado la propia declaración universal de derechos humanos y las convenciones de Ginebra caen en la quema y se trivializan; son, se dice, escrúpulos sin importancia: lo que importa es ganar la guerra (su guerra), aplastar a los enemigos sin compasión (sus enemigos), ensalzar a los triunfadores. Quien quiera que dé muestras de humanidad o llame al recurso de la razón se vuelve sospechoso y puede ser marginado, reo de progresismo o de inconfesado comunismo, según el humor del delator. Como se denunciaba en el discurso preliminar al Sistema de la naturaleza que escribió el barón de Holbach y se imprimió clandestinamente nada menos que en 1769, «la razón se ve obligada a hablar desde el fondo de la tumba.» Otra vez.

Colocados en este punto, cabe preguntarse qué nos ha ocurrido para que en las sociedades europeas modernas se pueda pulverizar sin esfuerzo argumental alguno, haciendo uso de bromas sin gracia sobre lo «políticamente correcto», una tradición ilustrada y humanista que parecía férreamente enraizada entre nosotros.

Y habría que preguntárselo sin el menor ánimo retórico, comprometiéndose seriamente en buscar la respuesta, antes de que descubramos horrorizados que no éramos tan civilizados como creíamos, antes de que vuelvan a levantarse los patíbulos.

Como dice mi amiga la escritora Luisa Cuerda, a menudo el sopor que nos invade nos lleva a ver como normal lo inaceptable. Por lo que no es ocioso hacer comprender a aquellos que nos gobiernan que no somos imbéciles. Al menos, eso.

En el día de hoy, un grupo de personas hemos remitido a Presidencia del Gobierno la carta que más abajo reproduzco, en la que solicitamos estar presentes en la reunión que el jefe del Ejecutivo mantendrá con los principales empresarios del país. ¿Por qué no? ¿No dice nuestra Constitución que España es un Estado social y democrático de Derecho, informado, entre otros, por el principio de igualdad? ¿No significa esto que la opinión de todos los ciudadanos tiene exactamente el mismo valor, sin que puedan establecerse privilegios ni discriminaciones por la fortuna? ¿No eran éstas verdades elementales que todo el mundo admitía?

Si toleramos sin siquiera rechistar que hasta lo más elemental se disuelva ante nuestros ojos, estaremos perdidos de manera definitiva.

Pues pidamos todos asistir, sentémonos junto a los dueños del país -que nosotros somos gente pacífica y tan cargada de razones como el que más- y hagamos oír nuestra voz:

Madrid, a 22 de marzo de 2011

Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero:

Vista la noticia aparecida en diversos medios de comunicación, según la cual ha decidido usted reunirse con los directivos de las empresas más importantes del país el próximo día 26 de marzo para explicarles los acuerdos alcanzados en la última cumbre europea, así como para recabar su opinión al respecto y sus propuestas y sugerencias.

Teniendo presente que ninguno de los directivos empresariales y financieros que con usted se reunirán lo hará en representación de organización política, sindical o social de ningún tipo, sino por exclusiva razón de las fortunas que gestionan sus empresas.

Dado que la Constitución de 1978 no configura a España como plutocracia ni confiere privilegio legal alguno a los ciudadanos por motivo de su riqueza, sino como un Estado social y democrático de derecho, informado, entre otros, por el principio de igualdad, que se consagra a su vez en el artículo 14.

Entendiendo que lo anterior supone que la opinión de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tiene exactamente el mismo valor, por lo que no cabe que el jefe del Ejecutivo otorgue preeminencia a directivos empresariales, por muy gordas que sean las cuentas de resultados de sus empresas, ni para la información directa ni para recabar su opinión.

Los abajo firmantes, todas y todos ellos ciudadanos en pleno uso de derechos y deberes, exigimos estar presentes en la reunión y que nuestra opinión sea escuchada, y asimismo que se dé cabida a esa reunión a cuantos ciudadanos y ciudadanas lo reclamen, organizando para ello los turnos necesarios si la afluencia impide tratar los asuntos en una sola sesión.

Reciba un cordial saludo



Suscriben esta solicitud:

Ricardo Rodríguez del Río
Luisa Cuerda Núñez
Teresa Donate García
Piedad Novillo Marchante
Félix López García
Luis González Carrillo
Sandra Ávila Rodríguez
Julio Hellín
Miguel Ángel Jiménez Martín
Elena Espinosa Lara
Felicita Velázquez Serrano
José Ignacio Cortés González
Santiago Vilar Romero
Sofía García-Hortelano Martín-Ampudia
Rafael Fernández Calvo
Manuel Martínez Llaneza
Salustiano Martín González
Liliana Pineda Castro
Julián Sotoca Muñoz
Pedro Manuel García Fernández
Ginés Fernández
Rocío Cruz Jiménez
Miguel Ángel Andrade Perea
Carmen Díaz Teixelo
Manuel Cañada Porras
José Miguel Machimbarrena Gutiérrez
Anabel Segado Sujar
Oscar García
Rosa María Córdoba Sánchez-Bermejo
Ángel Guillén Olmos
Beatriz Salmerón Bravo
Coral Gimeno Presa
Juan Pablo Mateo Tomé
Manuel Nolla Fernández
Mª Dolores González Ruiz
Luis Fernández de Trocóniz
Mariano López Monreal
José Paz Saz
Gregorio David Arranz Sanz
Omar Jassin
Enrique Santiago Romero
Javier Navascués Fernández-Victorio
José Antonio Corbillón Mirada
Concha Matute Marín
Oscar Molina Rubio
Clara López Matute
Blanca González Gozalo
Fernando Urruticoechea Basozabal
Mª Mar Matute Marín
Remedios García Albert
Víctor Morera Siscar
Sara Guillén Olmos
Rodrigo Vázquez de Prada y Grande
Tomasa Luengo Rodríguez
Roberto Rodríguez de Rozas
Roberto Márquez del Prado de la Casa
Inmaculada Vara Miñambres
Fernando Morante Aranada
Belén Martos Selma
Mª Luisa Alberca Muñoz
Alexandre Lladó Almiñana
Luis Martín Sánchez
Susana Oviedo Rosales
Luz Divina Zamora Antón