La Sociedad Civil S.A, el proceso constituyente “político” y el Manifiesto de los ciudadanos

Un magnífico artículo de José García Abad, en el último número de El Siglo, que titula “La Sociedad Civil S.A. da el golpe” analiza un informe “contundente” promovido por el ex ministro de Aznar, Eduardo Serra y firmado por cincuenta grandes empresarios y otros tantos expertos, en su mayoría procedentes del campo empresarial. Documento que los redactores titulan “Declaración Transforma España” que entregaron al Rey y que lo recibió. Lo que en cierto aspecto podría considerarse – así lo consideramos muchos-, casi como un golpe de Estado, pues no es misión del Rey, según la Constitución, entrar a dilucidar y quizá avalar con su presencia actitudes políticas de lo que podría considerarse como un intento de que un grupo de empresarios se erijan en representantes de la sociedad civil, quizá como un poderosísimo lobby que pretende representar esa sociedad civil, nada menos que frente, no solo ya a los partidos políticos, sino sencillamente frente a los ciudadanos.

Acierta José García Abad cuando considera que esa Sociedad Civil S.A., casi podía suponer una especie de propuesta de “gobierno de gestión”, que es, en definitiva, de lo que se habló en vísperas del golpe de Estado de Tejero del 23-F. Esto es, ni más ni menos, que la posible insinuación de un “golpe de Estado de los mercados”, sino es que éste ya se ha dado.

Gaspar Llamazares sostiene con razón que ese informe de la Sociedad Civil S.A. es “reaccionario y golpista” y supone un “menosprecio” a la democracia. Efectivamente: ¡Uno más de los muchos menosprecios que se están haciendo a la democracia desde que estalló la crisis y las medidas que absurdamente se están tomando! Además, insiste Llamazares “la entrevista con el Rey va más allá de sus competencias, puenteando al Poder ejecutivo”

Ha llegado el momento de decir ¡BASTA! ¡Hasta aquí hemos llegado! Todos a la calle a exigir se devuelva plenamente la soberanía al pueblo, que se oiga su voz, fuerte, sonora, que no sea suplantado su silencio con una cultura fascista, populista, demagógica, de ninguna heroína del pueblo, como el fenómeno mediático televisivo Belén Esteban. El PCE devuelve la voz al pueblo soberano con su resolución aprobada el 27 de noviembre en la Conferencia Republicana celebrada en Madrid, mediante la iniciación de un proceso constituyente político frente a la imposibilidad de que mediante los preceptos de la Constitución se reforma ésta para escuchar la voluntad del pueblo sobre principios tan importantes como la forma de Estado, República o Monarquía, la aplicación estricta de un Estado laico, sin que se de preferencia ni apoyo a ninguna creencia religiosa, se modifique la función del Senado, y se estructure o no España en forma Federal y se obtenga la representación parlamentaria en el principio verdaderamente democrático de un ciudadano un voto. Sí, repetimos una y mil veces, que hable el pueblo como pide el PCE en esa Conferencia Republicana. (Ver “La construcción cultural del fascismo” de Josep Ramoneda en El País del 17 de noviembre).

Frente a esa Sociedad Civil S.A. se encuentra también nuestro manifiesto de los ciudadanos contra la Ley electoral, que es una de las causas fundamentales del desastre geopolítico en que se encuentra la sociedad española que considera total y absolutamente desacreditada la política, los políticos, pues considera que todos son iguales de ladrones, incompetentes, y que solo miran por sus intereses privados, por lo que da lo mismo votar que no votar, o votar a uno que votar a otro. Esta lamentable situación de la opinión popular, supone, ni más ni menos que el total y absoluto desprestigio, no ya solo de los partidos políticos, sino de la democracia, y, lamentablemente, puede ser el preámbulo de un desastre de un gobierno mayoritario con cerca de 200 Diputados del PP si se mantiene esta Ley electoral, lo que, sin ninguna duda, supondría, en conjunción con el desmantelamiento del Estado de Bienestar socialdemócrata como consecuencia del comportamiento del gobierno socialista ante la crisis a la antesala de un neofascismo que, como tengo dicho numerosas veces, se llame como se llame, es sencillamente fascismo. Tenemos que tener presente que como consecuencia de esa nefasta, injusta, inmoral, ilegal, antidemocrática y anticonstitucional Ley electoral, si por un lado el PSOE se ha aprovechado del voto útil de la izquierda que le votaban, no porque se sintiesen identificados ni con su ideario ni su política, pero que lo hacían con la única intención de evitar que gobernase la derecha. Así, por el lado del PP esa misma Ley electoral ha canalizado hacia el mismo la más absoluta extrema-derecha que comprende neonazis, nostálgicos del franquismo o digámoslo claramente, sencillamente fascistas, por cuya razón en España no hay un partido de extrema derecha o neonazi o neofranquista, porque todos esos elementos están integrados en el PP y se miran en un personaje tan siniestro e impresentable en todos los aspectos como Aznar, para ver en él, el “salvador de la Patria”, para evitar que ésta se rompa y prevalezca en ella el laicismo, la tolerancia con los homosexuales, sea invadida por millones de inmigrantes que vienen a arruinar nuestra Seguridad Social y a robar los puestos de trabajo a los españoles, y poder oponerse con el Poder de esos 200 Diputados, según él, -también Rajoy y su primo- a las medidas extremas para evitar el cambio climático que, para ellos, no es sino una maniobra de rojos emboscados que quieren minar el capitalismo productivo y consumidor.

El manifiesto ciudadano contra la Ley electoral, cuenta ya con más de cinco mil firmas, siendo de resaltar que, si bien todos los ciudadanos somos iguales, cualquiera que sea nuestra profesión, oficio o trabajo, lo firman más de 224 catedráticos y profesores, 41 Magistrados y abogados, 207 ingenieros, arquitectos y médicos, 38 periodistas y otros profesionales conscientes de lo que está pasando y de lo que puede pasar, están dispuestos, no solo a firmar, sino a tomar cuantas medidas sean necesarias para exigir que al menos se cumpla la Constitución –ya de por sí restrictiva por imposición de las derechas-. Baste recordar lo que hace unos días escribía en este mismo periódico LaRepublica.es, el catedrático de economía de Sevilla, Juan Torres López, en su profético y grave artículo “Riesgo inminente”.

Volviendo al manifiesto “reaccionario y golpista” de los capitalistas, éste se complementa con la reunión del Presidente del Gobierno, Zapatero, con un grupo “selecto” de empresarios -muchos de ellos también firmantes del “Informe Transforma España” – No es casual que ambos hechos coincidan con los días en que se va a celebrar la Constitución de 1978. Mientras se desoye la voz del pueblo y el Presidente ni siquiera recibe a Cayo Lara representante de IU ni se atiende las demandas de ésta en el Parlamento para que se reforme la Ley electoral, respetando la voluntad popular, dando verdadera representatividad a ésta voluntad del pueblo.

Tenemos que hacer referencia al Artículo publicado el domingo 5 de diciembre en PUBLICO por el catedrático Luis García Montero “La ética de la irresponsabilidad” , donde dice “cuando la intemperie de los mercados dinamita cualquier ilusión de comunidad justa, no debe olvidarse que la democracia está legitimada para prohibir conjuras en su contra, ya la haga un grupo terrorista, una banda de extrema derecha, o una pandilla de banqueros especuladores” , artículo que termina el profesor García Montero: “una política que liquida la política, sólo puede entenderse como un acto de dejación de responsabilidades democráticas, como un ejercicio de irresponsabilidad”

El PCE, IU y los miles de firmantes del manifiesto contra la Ley electoral, y los miles de ciudadanos que lo firmarán cuando se saquen mesas a las calles de las ciudades de toda España para recoger su adhesión al Poder constituyente político, nacido en la Conferencia Republicana del PCE y al manifiesto contra le Ley electoral, no estamos dispuestos a la irresponsabilidad de no exigir nuestros derechos como ciudadanos, y no nos doblegaremos a cualquier tipo de imposición, maniobra o golpe incubierto, que no ya quiera cercenar como viene haciendo, los derechos conseguidos mediante el Estado de Bienestar, sino, sencillamente, anular a éste, como con todo cinismo defiende el criminal de guerra ex presidente Aznar.

Sí, cumplamos lo que nos exige Almudena Grandes en su artículo del 6 de diciembre, creando una nueva ilusión política de rabia y lucha para defender nuestros derechos soberanos como pueblo, que tiene derecho a cambiar la Constitución, que si bien fue refrendada mayoritariamente por el pueblo en 1978 y ha cumplido una misión, han pasado 32 años y ese pueblo, que en el actual 80% no la votó, y tiene derecho, repetimos, a tener su Constitución, que sea la manifestación de su voluntad soberana por encima de la actual que le está siendo impuesta.

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